Hace seis años, el entonces fiscal Alejandro Gertz Manero planteó modificar la tipificación del delito de feminicidio para convertirlo en un homicidio agravado. Argumentó que esa medida facilitaría las condenas, pues, según su postura, acreditar la razón de género complicaba la resolución de los procesos judiciales.
Aquella propuesta representaba una forma simplista de minimizar, desde la propia ley, la importancia de la perspectiva de género y la lucha que durante décadas han encabezado organizaciones, colectivas y activistas. También evidenciaba la resistencia de las instituciones para reconocer que muchas mujeres son asesinadas por el simple hecho de ser mujeres.
Ese tipo de posturas hicieron especialmente difíciles los últimos años para quienes han insistido en visibilizar la violencia de género y exigir justicia. Hoy, sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum parece dar un paso en sentido contrario al presentar la iniciativa de la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio.
La propuesta llega en un contexto particularmente complejo: en México, en promedio, 11 mujeres son víctimas de feminicidio cada día; un exfuncionario federal enfrenta un proceso por violencia contra su pareja, y la Secretaría de las Mujeres atraviesa una etapa de cuestionamientos sobre su conducción y resultados, a casi dos años de su creación.
Aun así, es importante reconocer que esta iniciativa representa un avance para las víctimas y sus familias. No solo fortalece la posibilidad de acceder a la justicia, sino que reafirma que el feminicidio debe seguir siendo reconocido como un delito con características propias, derivadas de la violencia estructural y de la discriminación por razón de género.
Porque aquello que no se nombra tampoco se puede medir. Lo que no se clasifica difícilmente puede estudiarse, analizarse y, mucho menos, prevenirse. Dar nombre a una problemática no es un acto simbólico; es el primer paso para construir políticas públicas, generar estadísticas confiables, fortalecer las investigaciones y combatir la impunidad desde las fiscalías federales y estatales.
Por eso cobran especial relevancia las palabras de la presidenta:
«El peor delito de violencia contra las mujeres, la peor forma de discriminación, de trato indigno hacia una mujer, pues es la muerte, el feminicidio, que significa asesinar, quitarle la vida a una mujer por el solo hecho de ser mujer. Es un delito de odio asociado a ser mujer en nuestro país».
Y también su llamado a garantizar la prevención, la atención, la educación y la cero impunidad frente a este delito.
Pero el reto no termina con una nueva ley. Tipificar correctamente el feminicidio no resolverá, por sí solo, la violencia contra las mujeres; sin embargo, dejar de nombrarlo significaría retroceder décadas en el reconocimiento de una realidad que ha costado miles de vidas. Porque la justicia comienza cuando el Estado es capaz de reconocer los retos y problemáticas de la su población. Y mientras sigan existiendo víctimas de feminicidio, la lucha por la justicia y la deconstrucción de la sociedad mexicana debe de continuar.
