México está por cambiar las reglas con las que protege su medio ambiente, y lo que está en juego no es solo la arquitectura regulatoria, sino también la forma de entender los retos globales y cómo enfrentarlos.
Casi cuatro décadas después de la promulgación de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), la presidenta Claudia Sheinbaum presentó una iniciativa para reemplazar el marco jurídico vigente desde 1988. La propuesta es profunda y ambiciosa, pero su principal novedad no radica en los instrumentos que incorpora, sino en la visión que los articula. Una visión centrada en la restauración y la resiliencia.
Durante años, la política ambiental mexicana se dedicó, principalmente, a prevenir el daño, contenerlo y medir sus efectos. La iniciativa no abandona esa lógica e incluso la fortalece, por ejemplo, con la introducción de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE). Pero ya no es su eje rector. La legislación hace hincapié ahora también en recuperar lo que ya degradamos y volvernos más fuertes frente a aquello que no podemos evitar.
Con esta nueva visión, México se suma a la conversación que ha definido buena parte de la política ambiental internacional de la última década. Es un gran avance que, no obstante, lleva consigo una enorme responsabilidad. Y es que operacionalizar restauración y resiliencia obliga a decidir qué queremos recuperar y frente a qué queremos volvernos más fuertes. Preguntas a las que la iniciativa solo responde parcialmente.
Restaurar: ¿volver a dónde?
La restauración no es un concepto nuevo en la legislación ambiental mexicana, pero la iniciativa le da protagonismo. Ya no aparece únicamente como una medida correctiva para territorios degradados, sino como un auténtico eje rector de la política ambiental. La propuesta la concibe como la recuperación de un sitio mediante el restablecimiento de su composición, estructura, funcionalidad y procesos ecológicos, distinguiendo entre restauración, rehabilitación y remediación según el grado de alteración del ecosistema.
Esta versión de la restauración está en sintonía con los marcos regulatorios actuales, donde ya no se trata de devolver un ecosistema a una versión idéntica de lo que fue, sino de recuperar y reactivar una trayectoria, patrones, funciones y ritmos perdidos. Y tiene sentido, después de todo, la naturaleza no incluye la opción de “restaurar la configuración de fábrica”.
Pero si restaurar ya no consiste en regresar al pasado, ¿cómo distinguimos un ecosistema restaurado de uno simplemente distinto? La pregunta puede sonar ingenua, pero es sumamente problemática, porque si ya no existe una versión original a la cual volver, alguien tiene que decidir en qué consiste esa restauración.
Restaurar un territorio degradado implica decidir qué aspectos consideramos valiosos para, entonces, recuperarlos. Y para valorarlos necesitamos considerar para qué queremos restaurarlos en primer lugar. ¿Buscamos proteger la biodiversidad? ¿Recuperar actividades productivas? ¿Fortalecer servicios ecosistémicos? ¿Reconstruir formas de vida ligadas al lugar? Son objetivos compatibles en algunos casos y contradictorios en otros.
La ley difícilmente puede resolver por sí sola estos dilemas. Necesita ir acompañada de una agenda ambiental nacional clara y consistente. Pero sí podría ofrecer una brújula más explícita. La iniciativa fortalece instrumentos de biodiversidad y amplía herramientas de gestión, pero deja abierto cómo se definirán las prioridades de restauración y bajo qué criterios se tomarán esas decisiones.
La cuestión se vuelve todavía más compleja cuando pensamos en quién forma parte de aquello que se restaura. Los ecosistemas no son únicamente conjuntos de especies y procesos biofísicos. También son territorios habitados, trabajados, recorridos e imaginados. En ellos se construyen conocimientos, prácticas, memorias e identidades. Restaurar un territorio supone, por tanto, intervenir también sobre esas relaciones.
La iniciativa reconoce parte de esta dimensión. Habla de patrimonio biocultural y refuerza la participación pública, incluida la de comunidades indígenas y afromexicanas. Pero estos elementos quedan en los márgenes de la operacionalización de la restauración. Cuando la ley explica qué debe recuperarse, enumera atributos ecológicos y apenas incorpora la continuidad cultural de un territorio, las actividades que lo sostienen o los vínculos comunitarios que le dan sentido.
Urge, entonces, repensar qué entendemos por restaurar, más aún cuando este gobierno coloca al “pueblo” y su inclusión en el centro. Andrew Light y Eric Higgs precisamente insisten en que recuperar funciones ecológicas no basta. Importa cómo se restaura, quién participa y qué vínculos entre personas, naturaleza y territorio se reconstruyen. Si un ecosistema vuelve a funcionar, pero las comunidades que le daban sentido quedan fuera de su futuro, ¿podemos hablar de restauración? ¿O asumiremos que, como algunas funciones ecológicas, las personas que se pierden también pueden sustituirse?
Quizá el verdadero problema de la restauración vaya más allá de establecer cómo recuperar lo perdido. También debemos preguntarnos qué ocurre cuando empezamos a creer que casi nada se pierde para siempre. Como señala el filósofo Robert Elliot, si asumimos que un ecosistema destruido puede reconstruirse después, la promesa de restaurarlo puede facilitar la decisión de destruirlo primero. Porque al cerrar una mina, replantar un bosque o recrear un humedal, corremos el riesgo de convencernos de que lo perdido y lo restaurado son equivalentes. Y cuando todo parece recuperable, destruir empieza a parecer menos grave.
La iniciativa mexicana parece consciente de ese riesgo y, para reducirlo, establece una jerarquía que privilegia prevenir y mitigar antes que compensar. Es una protección importante. Pero también es contradictoria, porque descansa en mecanismos de valoración económica, criterios de equivalencia y esquemas de compensación orientados a restablecer funciones y servicios ecosistémicos. Nada de eso es inútil. El problema es que, al concentrarnos en medir pérdidas y asignarles un valor, corremos el riesgo de tratar ciertas ausencias como intercambiables.
Y ahí es donde la restauración se cruza con la resiliencia, porque si todo puede repararse, entonces, toca decidir qué daños vamos a evitar y cuáles tendremos que aprender a manejar.
Resiliencia: ¿resistir a qué?
La centralidad que la iniciativa otorga a la resiliencia en la legislación ambiental mexicana es un avance necesario. El índice ND-GAIN, que evalúa la vulnerabilidad climática y la capacidad de preparación para adaptarse, colocó al país en 2024 en el lugar 91 de 190 de su clasificación general y en el 116 en preparación del riesgo, lo que evidencia lo retrasado del país en la materia.
Ese rezago explica por qué la iniciativa intenta ampliar el marco desde el cambio climático hacia el “cambio global,” integrando un conjunto de presiones que incluye pérdida de biodiversidad, contaminación, degradación de ecosistemas, alteraciones hidrológicas y cambios de uso del suelo. Y que, para hacerles frente, apueste por fortalecer la adaptación, la mitigación y, sobre todo, la resiliencia de ecosistemas y comunidades.
Es un giro relevante, que sin embargo, sigue siendo insuficiente, ya que la iniciativa continúa anclada en la dimensión ambiental, dejando en la periferia las otras dos de las dimensiones de la sostenibilidad, sociedad y economía. Y, sobre todo, porque ofrece una definición de resiliencia que no es suficientemente clara en determinar qué debe preservarse, qué debe adaptarse y qué, llegado el caso, tendría que transformarse.
¿Qué tipo de resiliencia queremos construir?
En ingeniería, la resiliencia describe estructuras capaces de soportar un impacto y recuperar su funcionamiento. La psicología lo lleva al terreno individual y lo entiende como la capacidad de atravesar una adversidad sin perder, o recuperando, la posibilidad de desenvolverse. En la gestión ambiental y de desastres, la resiliencia se concibe como el desarrollo de capacidades individuales, comunitarias e institucionales para prepararse, responder y adaptarse frente a eventos extremos y futuros inciertos.
Todas esas definiciones comparten la idea de resistir y seguir adelante. Lo que cambia es qué significa “seguir adelante”. Para unas, basta con volver al estado anterior; para otras, adaptarse a nuevas condiciones; para las más ambiciosas, transformar el sistema. Esa diferencia no es menor. Si una comunidad soporta inundaciones cada vez más frecuentes, si una ciudad aprende a convivir con olas de calor más intensas o si un agricultor produce con menos agua, ¿podemos decir que el problema está resuelto? ¿O hemos confundido capacidad de adaptación con solución? Resistir mejor no dice nada, por sí solo, sobre las condiciones que producen el riesgo. Puede demostrar que sabemos manejar los impactos del cambio global, pero no necesariamente que estamos construyendo resiliencia.
La posibilidad de evacuar, reconstruir una vivienda, perder temporalmente el trabajo, comprar çomida, recibir atención médica o recuperarse económicamente depende de infraestructura, ingresos, servicios públicos, protección social y capacidad institucional. El propio Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) reconoce que el riesgo surge de la combinación entre peligro, exposición y vulnerabilidad, y que esta última se construye mediante factores físicos, sociales y económicos. Es decir, no basta con saber enfrentar un impacto ni regularlo exclusivamente desde la dimensión ambiental. Importa quiénes son afectados y cómo son integrados en la nueva ley, porque resulta que quienes más propensos al daño están son precisamente aquellos atravesados por vulnerabilidades multidimensionales.
Datos del Banco Mundial revelan que tan solo en 2020, 76.6 millones de personas en México, y de entre ellas 23.6 millones en situación de pobreza, estuvieron expuestas al menos a un peligro climático. Mientras que en 2024, casi la mitad de los mexicanos carecía de seguridad social, un tercio no tenía acceso a servicios de salud y más de una décima parte vivía sin servicios básicos adecuados, según información del INEGI. Con estas condiciones, la resiliencia no puede limitarse a fortalecer la capacidad de respuesta ante riesgos ambientales, como privilegia la iniciativa. También debe preguntarse por qué tantas personas siguen siendo vulnerables.
Sí, es cierto que el proyecto explica con mayor claridad cómo fortalecer la capacidad de ecosistemas y comunidades para responder y adaptarse, pero mucho menos cómo identificar y transformar las condiciones que producen su vulnerabilidad. Ésta no surge únicamente de amenazas ambientales, sino también de relaciones económicas, sociales y políticas que distribuyen de manera desigual tanto la exposición al daño como la capacidad para evitarlo o recuperarse.
Una ley ambiental no puede corregir por sí sola ese desequilibrio, pero sí puede exigir que la resiliencia lo reconozca, que la mapee, que asigne responsabilidades. La iniciativa todavía no integra con claridad estos elementos. Y el problema de no hacerlo, es que cuando la vulnerabilidad se interpreta como falta de capacidad para adaptarse, las desigualdades, fallos institucionales y exclusiones sistémicas que la producen corren el riesgo de convertirse en condiciones inevitables y normalizadas, algo que se administra en lugar de resolverse de raíz.
La apuesta participativa de la iniciativa ayuda a enfrentar este problema, pero solo hasta cierto punto, porque más participación no significa automáticamente más igualdad de poder. No garantiza que todos puedan decidir ni que compartan intereses o voluntad.
Por eso, una política de resiliencia necesita una nueva ley ambiental que incluya resistencia y adaptación, pero también transformación. Prepararse para los impactos que ya no podemos evitar es indispensable. Adaptarse a un mundo que está cambiando, también. Pero una comunidad, un ecosistema o un país resiliente necesita además capacidad para modificar aquello que los vuelve vulnerables, reorganizarse cuando las condiciones lo exijan y seguir desarrollándose en ellas.
De otro modo, tendremos una política ambiental cada vez más competente para sobrevivir a un futuro que seguimos empeñados en producir.
Una ley para algo más que sobrevivir
La nueva propuesta tiene numerosas fortalezas. Eleva la restauración, amplía la anticipación del daño, incorpora una mirada más sistémica de los problemas ambientales y fortalece instrumentos de participación, reparación y resiliencia. El reto es evitar que México se enfoque en volverse competente para restaurar ecosistemas que seguimos degradando y preparar comunidades para resistir vulnerabilidades cuyas causas permanecen intactas.
La sostenibilidad exige más. Implica prevenir antes de reparar, transformar las condiciones que producen vulnerabilidad y distribuir responsabilidades entre quienes generan los riesgos, quienes reciben sus beneficios y quienes terminan cargando con sus costos. También exige una visión tridimensional en la que medio ambiente, sociedad y economía avancen de manera conjunta.
Una política verdaderamente sostenible no puede conformarse con administrar mejor el daño, hecho o por venir. Tiene que dejar de producirlo y crear las condiciones para florecer, no sólo sobrevivir.
