Empresas, instituciones financieras y autoridades podrían enfrentar nuevas obligaciones relacionadas con pagos digitales, identificación electrónica y contratación a distancia si el Congreso aprueba la Iniciativa de Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos enviada por el Ejecutivo federal como parte del Paquete Económico 2027.
La propuesta fue remitida a la Cámara de Diputados el 8 de septiembre de 2026 y busca ampliar la utilización de códigos QR, NFC, tarjetas y transferencias, además de incorporar mecanismos como la CURP Digital y el Expediente Digital Ciudadano dentro de los servicios financieros.
Uno de sus componentes de mayor alcance es la facultad propuesta para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determine actividades o sectores donde los pagos digitales sean el único medio permitido.
¿Qué propone la Ley de Economía Digital para pagos?
La iniciativa busca incrementar la adopción e implementación de Medios de Pago Electrónicos y Digitales.
La exposición de motivos, de acuerdo con el análisis de Von Wobeser y Sierra, identifica varios objetivos:
- Reducir costos y tiempos asociados con las transacciones.
- Disminuir riesgos relacionados con el manejo de efectivo.
- Generar un historial transaccional verificable para PyMEs y personas físicas.
- Facilitar la inclusión financiera.
- Incrementar oportunidades de venta.
- Ampliar el acceso a servicios financieros.
La iniciativa contempla pagos mediante códigos QR, dispositivos NFC, tarjetas de débito o crédito y transferencias.
CURP Digital y Expediente Digital Ciudadano: ¿serían obligatorios?
La propuesta contempla estos mecanismos para facilitar la contratación a distancia de servicios financieros.
La utilización de la CURP Digital sería opcional para el usuario. Sin embargo, cuando una persona decida emplearla, las entidades financieras estarían obligadas a aceptarla como mecanismo de identificación.
Una condición similar se establece para el Expediente Digital Ciudadano.
Las entidades financieras tendrían que aceptarlo como mecanismo de validación cuando el usuario así lo solicite.
Además, los documentos digitales incorporados a este expediente tendrían los mismos efectos jurídicos que las leyes reconocen a los documentos físicos.
Nuevas obligaciones para el sector público
Las autoridades de los tres órdenes de gobierno también quedarían sujetas a nuevas disposiciones.
De aprobarse el proyecto en sus términos, tendrían que aceptar medios de pago electrónicos y digitales en trámites y servicios.
Asimismo, deberían adoptar los Modelos para la Homologación de Trámites y diferentes soluciones tecnológicas emitidas por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.
Entre ellas se encuentran:
- Ventanilla Digital Nacional de Inversiones.
- Plataforma de Establecimientos Mercantiles.
- CURP Digital.
- Expediente Digital Ciudadano.
¿Qué cambiaría para empresas y entidades financieras?
El sector privado también forma parte del nuevo esquema.
Los proveedores de bienes y servicios y las entidades financieras quedarían facultados para implementar medios electrónicos y digitales.
Además, deberían promover la inclusión financiera mediante la difusión de productos y servicios, así como facilitar el otorgamiento de créditos, préstamos y financiamientos a través de estos mecanismos.
La transformación sería mayor para las empresas pertenecientes a sectores que eventualmente sean determinados como estratégicos o relevantes.
Hacienda podría establecer sectores con pagos exclusivamente digitales
La iniciativa contempla que la SHCP determine las actividades o sectores en los que el pago digital será el único medio permitido.
La Secretaría tendría 15 días hábiles posteriores a la entrada en vigor del decreto para definirlos.
Una vez realizada esta determinación, las autoridades competentes dispondrían de otros 15 días hábiles para emitir las reglas correspondientes.
Von Wobeser y Sierra advierte que esta facultad permitiría restringir unilateralmente el uso de dinero en efectivo por sector de actividad y señala una posible tensión normativa con el artículo 4 de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos.
El documento identifica este elemento como uno de los puntos más relevantes de la propuesta.
Empresas tendrían que modificar políticas y sistemas
En caso de aprobarse la iniciativa en sus términos, las entidades financieras y los proveedores de bienes y servicios tendrían que revisar diferentes componentes de su operación.
Los ajustes señalados incluyen:
- Políticas de cumplimiento.
- Sistemas tecnológicos.
- Modelos de contratación a distancia.
- Mecanismos de identificación de usuarios.
- Infraestructura para aceptar pagos digitales.
Las empresas pertenecientes a sectores eventualmente determinados por Hacienda tendrían que migrar obligatoriamente hacia esquemas completamente digitales dentro de los plazos establecidos después de la entrada en vigor.
Banxico regularía parte del nuevo ecosistema
Banco de México recibiría facultades específicas para instrumentar el esquema.
Entre ellas se contempla ampliar los niveles de operación de cuentas de depósito de dinero a la vista, facilitar transferencias electrónicas y emitir disposiciones para homologar la experiencia de usuario en aplicaciones financieras.
Junto con la CNBV, también podría regular entidades que operan Terminales de Punto de Venta para permitir cobros mediante códigos QR.
La iniciativa incluye una excepción temporal para situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, en las cuales podría recurrirse al efectivo o cheque.
Una iniciativa que empresas deberán seguir durante su discusión legislativa
La propuesta todavía debe atravesar el proceso legislativo, por lo que sus disposiciones no deben interpretarse como obligaciones vigentes. Sin embargo, su eventual aprobación modificaría aspectos operativos y de cumplimiento para instituciones financieras, proveedores y determinados sectores económicos. Particularmente relevante será la discusión sobre las facultades propuestas para Hacienda y su interacción con la legislación monetaria, así como los plazos que tendrían las organizaciones para adaptar sistemas, políticas y mecanismos de contratación.
